Con más transparencia fiscal es esperable que la ciudadanía, al saber los tributos que soporta, se involucre en cuestiones fiscales. En la Argentina es ampliamente difundido el concepto de “gratuito” para las prestaciones y servicios del Estado, como también la idea de que los impuestos aplicados sobre la producción (empresas) no se trasladan al consumidor.
Con este sistema los ciudadanos tendremos una noción mucho más profunda de que esos impuestos son afrontados por los consumidores finales. Además, al saber cuánto pagamos de impuestos (y quiénes los cobran), se tendrá más información también sobre el financiamiento del gasto público. Justamente el art. 100 de la ley 27.743 establece que “la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos no podrá utilizarse la palabra ‘gratuito’ o similares debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes”.
Con la información de cuánto se paga de impuestos y en qué se gasta desde el Estado, los ciudadanos podrán exigir impuestos lógicos, servicios acordes del Estado y gastos públicos lógicos.
La atención ciudadana sobre los temas fiscales evitará la creación de impuestos “ocultos”, y el control sobre el gasto público podrá ser un factor de incidencia en las urnas. Las cuestiones tributarias ya no serán miradas tanto desde el empresario sino más desde el ciudadano.