Por Matias Olivero Vila
El “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor” regirá desde 2025. Los tickets expondrán el IVA y otros impuestos nacionales indirectos. En la ley se invita a las provincias a adherirse para visibilizar también ingresos brutos y tasas municipales. El régimen se encuentra en vías de ser reglamentado a nivel nacional (AFIP) y por las provincias que se adhieran. Se viene aplicando en Brasil desde 2012 (ley 12.741). A continuación, las claves que consideramos deberían cumplirse para el éxito de este régimen, según nuestras conversaciones con IBPT, una de las dos ONGs que más impulsó este régimen en dicho país.
- Integral: La ley 27.743 exige computar los tributos que tengan “incidencia en la formación de los precios de los bienes”, textualmente tomado de la ley brasileña. Esto implica considerar no sólo el último eslabón de venta (por ejemplo, el supermercado) sino toda la cadena productiva. La intención es correr el velo para visibilizar todos los tributos que se han ocultado, sea por prohibiciones directas (anterior art. 39 Ley de IVA) o por la aplicación de impuestos en cada eslabón. Las reglamentaciones (nacional y provinciales) deberán especificar los tributos a considerar para el cálculo. En Brasil son ocho tributos.
- Aproximado: el fin del régimen no es generar un pago a cuenta de los impuestos del consumidor sino su concientización. “Incidencia” implica que el cálculo debe ser aproximado. Así lo dispone la ley brasileña y aquí la reglamentación bien podría replicarlo porque la intención es clara. En Brasil no se calculan los impuestos de la compra del respectivo cliente (impracticable) sino de una compra promedio. Porque no es relevante si la incidencia de impuestos es 34% o un par de puntos más o menos. Lo relevante es que el consumidor sepa que no es 0% ni 21% sino bastante más. Los tickets de Brasil suelen advertir que es “aproximado” hasta 3 veces en 6 renglones de la sección respectiva. Un sistema integral (toda la cadena) y aproximado es mucho más preferible que un sistema incompleto (sólo el vendedor) y exacto.
- Federal: en Brasil este régimen se creó en un solo paso, por ley federal. Aquí estaba la posibilidad de sancionarlo vía la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor que tiene autoridad competente concurrente, Nación y provincias. Por razones políticas se prefirió en dos pasos, vía invitación a las provincias. Por lo cual, existe el riesgo que la información varíe de una jurisdicción a otra, porque haya provincias que adhieren para exponer sus tributos en forma integral, otras para exponer sólo los del eslabón final y otras que no adhieran. Es preferible un régimen nacido imperfecto que se vaya puliendo con el tiempo que las inaceptables prohibiciones y sanciones vigentes hasta ahora. Podría preverse que la adhesión se exige para hacer obligatoria la información pero que no obsta a que voluntariamente se brinde tal información, sin sanciones bajo la ley 24.240. El mes pasado fuimos convocados por las autoridades nacionales, como impulsores del régimen, para exponer ante los 24 secretarios de comercio provinciales en el marco del COFECI, en Neuquén. También ante la legislatura de la Provincia de Buenos Aires y, próximamente, en otras. Se presentaron proyectos de adhesión en dicha provincia, CABA, Santa Fe, Rio Negro y La Pampa. Se percibe que las provincias están esperando la reglamentación nacional para adherirse, lo cual es clave.
- Simplicidad: una forma de homogeneizar y simplificar el régimen es que Nación y provincias designen al mismo agente de cálculo. Idealmente uno solo para todas las actividades. Y, si no fuera posible, algunos pocos. Cada actividad debería calcularse por el mismo agente para que no haya diferencias dentro del mismo rubro. Existen entidades que vienen realizando este tipo de cálculos desde hace años (por ejemplo, IARAF). En Brasil, la ONG IBPT actúa como agente de cálculo para todas las actividades, “absorbiendo” toda la parte compleja del régimen. Pero una vez calculado por el agente, el sistema es simple: IBPT mantiene actualizado un cuadro matriz dividido por actividad y cada empresa de venta al público baja a su sistema los cuatro porcentajes respectivos (incidencia nacional, provincial, municipal y total), sin asumir responsabilidad por el contenido de la información oficialmente aprobada.
- Difusión: el ticket por sí mismo tendrá su función de concientización. Los ciudadanos que leen los tickets rondan el 10% y son los que generan la conversación en la sociedad. En una rueda familiar, social o laboral, frente al que comenta que esperó horas en un hospital pero lo justifica en que es natural porque es “gratis”, saltará el lector de tickets para hacerle notar que la próxima compra se fije en su comprobante. Se transformará en “un” tema más de conversación. Pero si se quiere que se transforme en “el” tema de conversación, el lanzamiento del régimen debe acompañarse de una fuerte campaña de difusión. Desde el Estado no parece que vaya a haberla. No hay plata. Quizás posteos orgánicos en redes de las principales autoridades, pero no más que eso. Desde Lógica estamos organizando una campaña de difusión, cual si se tratara del lanzamiento de un producto de consumo masivo. Y estamos reuniéndonos con empresas y ONGs para que se sumen a la campaña a través de sus propios canales de difusión.
- Publicación: en cuanto a la publicación de los precios por su importe total y neto de impuestos, entendemos que, por las razones mencionadas, el sistema también debería ser bien simple. Por ejemplo, en Brasil, esta información consta en un panel ubicado en un lugar visible del local con el porcentaje o valor aproximado de los impuestos que inciden en promedio sobre todos los bienes o servicios a la venta.
- Oportunidad: Este régimen es “la” oportunidad para provocar un cambio en la cultura fiscal de nuestra sociedad. Debe aprovecharse el momentum de indudable cambio cultural generado por el actual gobierno. Para que este cambio sea duradero sería ideal que la sociedad civil, especialmente el sector empresario, se involucre tanto en su implementación como en su difusión. Un cambio demandado desde la sociedad y en forma apartidaria para que, más allá del signo político del gobierno de turno, nunca más todo lo fiscal sea una cuestión exclusivamente política y se convierta en una cuestión ciudadana, al estilo de la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia.
Fuente: El Cronista
