Por: Matías Olivero Vila (Presidente de Lógica Argentina)
Argentina atraviesa una verdadera tragedia fiscal que el sistema y la política se ocupan constantemente de ocultar o de opacar a través de mitos o falacias, las cuales resulta imprescindible desmentir por el bien de una ciudadanía consciente. En este sentido, uno de los principales argumentos que se suelen esgrimir para la suba de impuestos es una redistribución de recursos desde los sectores más pudientes hacia quienes menos tienen. Lamentablemente, se trata de una forma más de tapar un gasto público gigante e ineficiente.
¿Por qué? Sencillamente porque, el gasto público descontrolado se paga en la góndola. Junto con los impuestos y la inflación, el gasto completa el “trípode fiscal”, es decir, las tres variables indisociables que determinan en qué gastamos y cómo nos financiamos. Esto no afecta sólo a los ricos, sino a los 47 millones de argentinos. Incluso perjudica con más fuerza a quienes tienen que usar sus pocos ingresos en la compra de bienes básicos, como son los de alimentación. Tal es el desborde del gasto público que necesitamos de la suma de los impuestos más altos del mundo y la cuarta inflación más alta del mundo.
Cabe reflexionar en qué se ha transformado nuestro sistema tributario cuando le exige a los más de 17 millones de argentinos en situación de pobreza que le compren un sachet de leche al Estado cuando les cuesta comprarlo para sí mismos. O que para comprar un celular, que es una herramienta de trabajo esencial para las personas de bajos recursos, tengan que pagarle dos más al fisco. En eso radica la tragedia fiscal.
Se podrán contradecir estos argumentos señalando que existen impuestos progresivos que buscan una distribución más equitativa, pero lo que no hay que olvidar es que estamos en el país más gravoso del mundo. El ranking de carga fiscal total del “Doing Business” del Banco Mundial, en vías de ser reeditado, registra que en la Argentina, desde hace 17 años, la carga fiscal supera el 100%; y tenemos también estudios económicos y tributarios de la UIA que, por otras dos vías, ratifican esta afirmación. Significa, más precisamente, que en el caso testigo de una empresa pyme, no le alcanzan sus ganancias para cubrir los impuestos, comprometiendo incluso su capital. Esto no sucede, ni de cerca, en los otros países del mundo.
Esto solo puede tener dos consecuencias. En primer lugar, la alta evasión. Existe una tolerancia de facto por parte de las autoridades fiscales, en especial en el sector pyme, porque saben que de exigirles todos los impuestos una buena parte de las empresas quebraría. Esto es reconocido por el propio Estado con el triste récord de sancionar una amnistía, moratoria o plan de pago cada 2 años y 9 meses, lo que permite regularizarse con una rebaja sustancial respecto de aquellos que han cumplido. Lo que naturalmente, injusticia mediante, afecta el cumplimiento fiscal.
En segundo lugar, el traslado a precios de los impuestos más altos del mundo. Ello se da en aquellos casos de empresas que tienen altos niveles de cumplimiento fiscal, sea por una decisión de política interna y/o porque, en los casos de grandes contribuyentes, tienen a las autoridades fiscales sentadas en sus oficinas. De este modo, la excesiva carga fiscal tiene como consecuencia que una porción sustancial del precio final de los bienes de consumo esté compuesto por los impuestos (en general, superando el 40% y, en ciertos casos, con creces).
No hay que olvidar que existe una salida para el laberinto impositivo, que no es por Ezeiza ni por el Río de la Plata, y que depende de nosotros los ciudadanos, de la conciencia que podamos tomar sobre lo que el sistema legal argentino nos está ocultando para a partir de allí poder reclamar una transformación. Por eso, cuando la política señala que el camino es más carga fiscal, aunque sea con una mirada progresiva para que paguen más quienes más tienen, nunca hay que ignorar que es un justificativo para sostener el despilfarro de fondos públicos y que esa presión asfixiante,en apariencia sólo sobre los sectores más pudientes, termina teniendo consecuencias negativas sobre toda la población. Porque una de dos: o esos impuestos se trasladan a las góndolas o, si eso no fuera posible, la que se termina trasladando (o cerrando) es la propia empresa (y su empresario), con los efectos que ello tiene para el mercado laboral y la economía en general.
Tampoco hay que dejar de recordar que abundan los casos de éxito en el mundo, y que países como Irlanda o Nueva Zelanda o más cerca en el tiempo y geografía, Brasil, han impulsado reformas fiscales con baja de impuestos que no solo han aliviado la carga sobre el aparato productivo y las personas, sino que han impulsado una suba de la recaudación, como la famosa curva de Laffer exhibe con claridad.
Ese equilibrio en la carga fiscal es posible y solo puede venir de la mano de gastos e impuestos lógicos. Esa es la misión que tenemos desde Lógica: la de ayudar a la ciudadanía a concientizarse de que se puede y que, aunque el sistema lo oculte, estamos ante una traba al desarrollo del país que solo se podrá superar con el compromiso de todos y la capacidad de identificar cómo este trípode fiscal nos perjudica en la vida diaria.
El gasto público ineficiente conduce sí o sí a impuestos insostenibles, y en esto no hay ideologías. Argentina supera hace años en aquel ranking de carga fiscal a gobiernos de tendencias distintas como Chile y Paraguay (menos del 40%), comunistas como China (59%) o populistas como Venezuela (73%), e incluso los distintos signos políticos que han conducido los destinos de la nación han continuado una política tributaria que no resiste análisis.
Todavía estamos a tiempo y de nosotros depende. Tomemos conciencia de este problema, de cómo el sistema nos lo oculta y cómo nos perjudica, ayudemos y exijamos a la política la transformación que nuestro país necesita para desarrollarse con todos los recursos y todo el potencial que tiene. Desde Lógica, entidad suprapartidaria, estamos trabajando para lograrlo.
Publicado en Clarín (22/04/2023)
