Por Matias Olivero Vila
El Presidente propuso al Senado un par de candidatos para cubrir una vacante existente y otra próxima en la Corte Suprema. El proceso suele ser dificultoso y esta no parece la excepción, tanto por una cuestión de género como por los fuertes cuestionamientos públicos a uno de ellos, por lo cual no puede descartarse la designación de una tercera candidatura. Desde Lógica exhortamos a que se designe un/a tributarista para cubrir una de tales vacantes por las siete razones detalladas a continuación.
Primero, el contexto hasta aquí. Argentina ha venido sufriendo una tragedia fiscal, en especial en la última década. Ya lo hemos dicho, por tres métodos de dos entidades distintas tenemos los impuestos más altos del mundo. También la inflación más elevada. Ambos son reflejo de la causa, el descontrol del gasto público. En el último puesto fiscal mundial no sólo se encuentran los poderes políticos, como principales responsables, sino todos los sectores de la sociedad, incluyendo el poder judicial, con la Corte a la cabeza.
Segundo, el contexto de aquí en más. En la última campaña la cuestión fiscal fue una de las principales para los candidatos y el 56% se inclinó por quien más foco puso en dicho tema. Esto se plasmó en la propuesta del Pacto de Mayo, donde el 50% de los diez puntos son fiscales (equilibrio fiscal, gasto público, reforma tributaria, coparticipación de impuestos y reforma previsional), entendiéndose claves para convertirnos en un país normal. Si se suscribiera, se dictarán leyes y normas reglamentarias, por lo que es necesario que las sentencias, en especial de la Corte, no traicionen total o parcialmente lo allí decidido.
Tercero, la responsabilidad de jueces demasiado tolerantes con los impuestos más altos. Aun cuando siempre sentenciaran correctamente, los jueces nunca llegarían a equilibrar la cuestión porque las normas del poder político son de alcance general mientras las sentencias aplican sólo al caso concreto. Pero existe un aspecto del fallo que sí incide en la forma de legislar. Si los jueces son cada vez más tolerantes con los excesos cometidos por las normas, entonces los poderes políticos sancionan normas cada vez más violatorias de los principios constitucionales, sabiendo que los jueces tienden a encontrarle la vuelta para que el poder político se salga con la suya. Y que, aún los fallos contrarios al Estado, son escritos con limitaciones para que el perjuicio sea digerible para el fisco. Esto es lo que ocurrió en general en el Poder Judicial siendo funcional a que la Argentina sea el país más gravoso del mundo. Por lo que debe enmendarse.
Cuarto, las consecuencias. Esta actitud funcional de los jueces tuvo efectos en los argentinos, en especial en los 18 millones bajo la línea de pobreza. Detrás de esa actitud se encuentra la “ilusión fiscal judicial”. El juez cree que decide entre el Estado y las empresas. Pero, en la gran mayoría de los casos, por tratarse de impuestos sobre el ciclo productivo, decide entre el Estado y los consumidores. Porque, tal como surge de los estudios de distintas ONGs y cámaras (IARAF, ADEFA, CAME, etc), al final de la cadena productiva esos impuestos terminan siendo afrontados por los consumidores finales, en una porción mayor al 40% (alimentos, bebidas, nafta, etc) y hasta más del 50% (indumentaria, autos, celulares, etc) del precio final.
Quinto, los precedentes. Se dirá que no ha sido tradición, al menos desde la vuelta de la democracia, que un tributarista integre la Corte. A la luz de aquella actitud funcional para con la tragedia fiscal podríamos contestar “tan bien no nos fue”. Además, si se nos permite la analogía, en un país normal sería lógico que el ministro de salud fuera un médico clínico. Pero si se trata de un país anormal donde el 50% de la población sufre cáncer, lo lógico sería designar un oncólogo. Luego, si el 50% de la agenda de nuestro país pasa muy anormalmente por lo fiscal, lo lógico sería designar un tributarista en la Corte. Por supuesto, nos referimos a uno que, además de íntegro, sea una garantía de correcta aplicación de los principios constitucionales, habiéndolo así demostrado en sus fallos, dictámenes y/o doctrina y no a los muchos que han sido funcionales a la tragedia fiscal. No sea cuestión de agravar el problema.
Sexto, la influencia ejemplificadora. La Corte Suprema ha sido el tribunal que mejor (o menos mal) aplicó los principios constitucionales tributarios en defensa de los contribuyentes. Pero no lo hizo con la impecabilidad e implacabilidad que se exige en un país que tiene los impuestos más altos. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Pero no deja de ser tuerto. Es necesario que quien desde su especialidad lidere esos fallos, tanto los esencialmente tributarios como los político-fiscales vinculados a la coparticipación, esté dentro de la Corte, marcando el camino en ella y a los tribunales inferiores de todo el país.
Séptimo, una cuestión de género. Se venían realizando críticas por el hecho que desde 2021 no hay mujeres en la Corte, cuando hace 10 años había dos. Esto se agravará si se designan dos hombres. Existen mujeres tributaristas que cumplen con los requisitos mencionados, con lo que se mitigaría la desigualdad.
Por las siete razones mencionadas desde Lógica exhortamos a que se designe un, o mejor aún, una tributarista para cubrir una de las vacantes de la Corte Suprema.
*Artículo publicado en La Nación
