Desde el lanzamiento de Lógica, la principal acción está destinada a que todos los consumidores sepan los impuestos que soportan en cada compra. Letra chica, letra grande, información nutricional, octógonos. Las regulaciones sobre lo que debe informarse al consumidor son varias, y obligan a los proveedores a detallar lo que ofrecen al mercado. Sin embargo, existe una fuerte contradicción en las leyes de defensa al consumidor: mientras debe informarse que una bebida cola tiene 0,3 gramos de azúcares y 18 miligramos de sodio, no se debe informar sobre el elefante fiscal que pasa por delante para llevarse el 48% del precio. Mejor dicho, está prohibido informarlo.
En efecto, la intervención del Estado con sus impuestos en la cadena de precios permanece oculto. Salvo algunas excepciones (por ejemplo, en pasajes de avión y ciertos servicios públicos), el Estado se ha cuidado muy bien de no exponer lo que se lleva en cada transacción. Las prohibiciones pueden encontrarse, por ejemplo, en el artículo 39 de la ley de IVA, con sanciones de AFIP para quienes las violen.
“Mirá lo que me cobraron por esta remera”, o “increíble lo que salen los celulares en la Argentina”. Esas y muchas otras frases se pronuncian y escuchan cotidianamente en la Argentina.
La lista se extiende casi al infinito, sin importar el producto o servicio del que se trate. Sin embargo, muy pocos saben que alrededor de la mitad de lo que compraron son impuestos.
La situación tiende a agravarse, a medida que varios gobiernos provinciales y municipales suben o crean tributos en muchos casos con incidencia directa en los precios finales. Hasta ahí, el vaso medio vacío.
A partir del compromiso propuesto por Lógica de impulsar una norma que visibilice todos los impuestos en los tickets de consumo y su firma por Milei y otros dos candidatos presidenciales, en el proyecto de ley ómnibus (“Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”) se incluyó el capítulo de “régimen de transparencia fiscal al consumidor”. El inicio fue auspicioso, dado que se incluía un sistema similar al implementado en Brasil (exposición de todos los tributos nacionales, provinciales y municipales que inciden en el precio) e incluso se sumaba en la ley la prohibición de denominar como “gratuitos” a los servicios o prestaciones dados por el Estado, debiendo aclararse que son de libre acceso, solventados con los tributos de los contribuyentes.
Tras las jornadas de debate en comisión, el texto del dictamen de mayoría limitó el alcance a transparentar los impuestos nacionales, más una invitación a las provincias para que adhieran al régimen para exponer los tributos provinciales y tasas municipales. Aprobado en general por Diputados, el proyecto volvió a comisión luego de iniciarse la votación en particular incluyendo también lo referido a la transparencia fiscal.
Para Lógica, lejos de significar un freno, es un acicate para seguir insistiendo. A raíz de la presentación institucional en Bariloche se tomó contacto con el diputado nacional por Río Negro Sergio Capozzi (PRO), quien tomó nuestra propuesta, pidió nuestra colaboración y la convirtió en un proyecto de ley. Cuenta con estado parlamentario, y está firmado por otros trece diputados del mismo bloque. En algún momento se evaluó que fuera un proyecto multipartidario, lo que hubiera sido ideal.
Además de ello, en la legislatura provincial de Río Negro se presentó un proyecto de ley por parte de los legisladores Martina Lacour, María Laura Frei y Juan Martín, estableciendo la obligatoriedad de exponer los tributos provinciales en los tickets de compra. En los fundamentos se menciona nuestro trabajo en pos de la transparencia.
La agenda sigue (pero no se agota) con encuentros e intercambios recientes con legisladores de distintos partidos sobre esta iniciativa de transparencia tales como los diputados Bertie Benegas Lynch y Beltrán Benedit (LLA), Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO), Martin Tetaz, Pablo Juliano y el ex diputado y actual secretario parlamentario Alejandro Cacace (UCR), el ex diputado Javier Campos (CC), la senadora Carmen Alvarez Rivero (PRO), etc. También con el Subsecretario de Acciones para la Defensa de los Consumidores, Fernando Blanco Muiño. Seguiremos llevando nuestro mensaje a más funcionarios tanto de poderes ejecutivos como legislativos.
Recientemente se publicó en La Nación una nota informando sobre la intención del Poder Ejecutivo en avanzar en el Congreso con varias reformas en relaciones de consumo, entre las que se incluye el régimen de transparencia fiscal, mencionando el proyecto de Capozzi, mientras la información es que la Ley de Bases podría “resucitar” en forma completa o separada en capítulos, lo que está por verse.
Nos queda claro que vivimos tiempos políticos muy complejos. Pero también estamos convencidos de que se trata una iniciativa que debiera tener el consenso de todas las fuerzas políticas. Estamos pidiendo transparencia, saber cuál es el peso de los impuestos en el consumo masivo. ¿Quiénes y por qué podrían oponerse? Más de 50 mil personas firmaron la petición en Change reclamando por la transparencia fiscal. En una encuesta realizada por Poliarquía, el 94% expresó que quieren saber lo que pagan de impuestos cuando consumen. Es claramente un tema ciudadano, no partidario.
Vemos la mitad llena del vaso, con mucho trabajo por hacer para avanzar hacia un país más lógico.
